La participación del Gobierno en la crisis del fútbol argentino llegó un día después de definido el campeonato de Primera División: la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió las elecciones en la AFA que estaban previstas, mediante asamblea ordinaria, el próximo 30 de junio. La resolución prevé el nombramiento de dos veedores por el plazo de 90 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga por otros 90 días. Este es el primer paso, ya que luego se procedería al nombramiento de una comisión normalizadora para reencauzar la crisis institucional de la entidad.
Así lo confirmaron a Clarín fuentes del Gobierno, mientras hacia el final de la tarde llegó la cédula oficial de la IGJ a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte 1366. En ella se informa el nombramiento de los dos veedores, cuyos nombres aún no trascendieron. La decisión oficial responde a un pedido que había realizado la jueza federal María Servini de Cubría, quien en un escrito enviado al Gobierno reclamó que la IGJ interviniera para evitar una profundización de la crisis que institucional y económica de la AFA. La magistrada dejó constancia de una serie de irregularidades que habrían encontrado los tres veedores judiciales que ya trabajan en la AFA desde fines de 2015. Y por ello solicitó la intermediación política.
